Refugio guatemalteco en México, 1981

Refugio guatemalteco en México, 1981

Tamara Aranda

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

 

“Hubo un momento que dijimos que nos íbamos, sí, que nos íbamos a Guatemala, pero también hubo un momento que dijimos que no, pues ya somos de México, nos quedamos en México. Nuestros hijos ya eran mexicanos, sí”.
Adelina Hernández Reyes, ex refugiada guatemalteca.
Los Laureles, Campeche. ACNUR, 2022.

 

Imagen: Repatriación de refugiados guatemaltecos, Huehuetenango, Guatemala, enero de 1993. Archivo Gráfico de «El Nacional». Fondo Temático, sobre 416-D (002). Secretaría de Cultura-INEHRM-FOTOTECA

 

Los grandes acontecimientos bélicos del siglo XX provocaron el desplazamiento forzado de millones de personas en todo el mundo. En “el siglo de los que huyen”, México se convirtió en país de destino para quienes huían de la guerra y sus estragos económicos y políticos. Desde León Trotsky y los exiliados del franquismo español, hasta las y los asilados de las dictaduras latinoamericanas de la década de 1970, nuestro país abrió las puertas a quienes vieron en peligro sus vidas, consolidando una tradición de asilo ampliamente reconocida.

        Uno de los episodios que marcó dicha tradición, pero además propició la creación de marcos normativos en materia de asilo, fue el llamado Refugio Guatemalteco, el cual comenzó en 1981 a partir de la llegada de cientos de personas que huían del conflicto armado y el contexto de inestabilidad de su país y toda la región de Centroamérica. Entre las causas destacan la intromisión del gobierno estadounidense bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo.

         El caso particular de Guatemala fue el primero de este tipo en América Latina y comenzó con el golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz, electo democráticamente en 1954, seguido por el establecimiento de gobiernos antidemocráticos y militares apoyados por Estados Unidos, contra los cuales se organizó un movimiento guerrillero.

        En 1978 el general Romeo Lucas García asumió el poder e hizo un gran despliegue de violencia a través de la creación grupos terroristas paramilitares y se implementó la campaña Tierra Arrasada, que tenía el objetivo de acabar con las poblaciones sobre las que existía sospecha de brindar apoyo a la guerrilla. En su mayoría eran comunidades indígenas y campesinas cuyos habitantes se vieron despojados de sus medios de vida, fueron torturados y muchos asesinados.

       Si bien algunas personas llegaron a México desde 1954, fue a partir de 1981 cuando se realizaron los cruces de personas más importantes de Guatemala a Chiapas. En su mayoría eran personas indígenas y campesinas provenientes de los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, San Marcos, Chimaltenango y Alta y Baja Verapaz, quienes se establecieron en campamentos ubicados principalmente en los municipios de Las Margaritas, Ocosingo, Frontera Comalapa y La Trinitaria.

        Sin embargo, los cruces se incrementaron significativamente en 1982, cuando Efraín Ríos Montt dio un golpe de Estado y tomó el poder de Guatemala. Aunque sólo se mantuvo durante 17 meses hasta que fue derrocado por sus rivales, Ríos Montt actuó con tal crueldad que años después fue sentenciado por el delito de genocidio. En primer lugar estableció el estado de sitio, creó tribunales secretos de fueros especiales, censuró a la prensa e intensificó la campaña Tierra Arrasada; con esto se incrementaron las masacres, las violaciones, el aniquilamiento de animales y el asesinato de líderes políticos, sindicales y estudiantiles en manos de los llamados escuadrones de la muerte, lo que forzó a más personas a refugiarse en México.

        Ante la emergencia en la frontera sur, la sociedad civil organizada fue la primera en brindar atención humanitaria. Por su parte, el gobierno mexicano había creado la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en 1980 precisamente con el fin de atender la situación de las y los refugiados guatemaltecos. Sin embargo, la institución, dependiente de la Secretaría de Gobernación, no tuvo la capacidad operativa necesaria, por lo que en 1982 se firmó un acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el establecimiento de una oficina en México, con lo que se pudo brindar asistencia humanitaria ante la emergencia.

        El 28 de marzo de 1982 las autoridades mexicanas declararon que “México sería tierra hospitalaria para perseguidos guatemaltecos”, pero se presentaron trabas legales que dificultaron garantizar protección a todas las personas. En primer lugar, la Ley General de Población de 1974 sólo consideraba la figura del Asilado por razones políticas, pero no la del Refugiado por motivos de violencia generalizada y violaciones masivas de derechos humanos. Esto se reformó hasta 1990, por lo que sólo 46 000 personas fueron reconocidas como refugiadas, de las aproximadamente 150 000 que estima la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

        En 1984, la COMAR contó con el apoyo financiero del ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos para implementar acciones de asistencia encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas, atendiendo carencias alimentarias, de salud, vivienda y educación. Por otra parte, ese año también se dio inicio a un programa de reubicación a través del cual se trasladaban personas a Campeche y Quintana Roo, donde se les daban tierras para vivir y sembrar, pero además se buscaba ofrecer mayor seguridad a las personas alejándolas de la zona fronteriza, debido a que era sabido que agentes persecutores cruzaban a México en busca de personas. De acuerdo con datos del ACNUR, 50% de la población refugiada en Chiapas fue reubicada, pero el resto decidió permanecer cerca de la frontera con su país en caso que la situación mejorara y les fuera posible regresar.

      Con la llegada del civil Vinicio Cerezo Arévalo a la presidencia de Guatemala en 1986 se anunció la posibilidad del retorno, pero las condiciones reales aún eran complejas, por lo que hasta 1993 se dio inicio a un proceso de retorno voluntario colectivo y organizado. En el primer año de dicho programa, las personas refugiadas guatemaltecas reflexionaban sobre la decisión de regresar a su país o permanecer en México, país en el que habían construido un segundo hogar tras más de diez años de estancia; donde habían tenido hijas e hijos, pero además contaban con un patrimonio y nuevos vínculos.

        En ese sentido, en 1996 el gobierno mexicano regularizó la situación migratoria de quienes decidieron establecerse en el país, ya fuera a través de la figura de Asimilado o por la vía de la Naturalización. Asimismo, el 29 de diciembre de ese año se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en cuyo Concepto 3 se estableció que: “La población desarraigada por el enfrentamiento armado tiene derecho a residir y vivir libremente en el territorio guatemalteco. El Gobierno de la República se compromete a asegurar su retorno y reasentamiento, en condiciones de dignidad y seguridad”.

        Cabe mencionar que dicho Acuerdo de Paz se incorporaron dos acuerdos previos encaminados a la resolución del conflicto, que abarcaban todos los aspectos del mismo y fueron suscritos en México. Estos fueron: el Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, suscrito el 25 de julio de 1991 en Querétaro, y el Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, suscrito el 10 de enero de 1994 en la Ciudad de México.

        Finalmente, a partir de 1997 el gobierno mexicano implementó acciones para la integración efectiva de quienes se quedaron y en el proceso contó con apoyo intencional, como el ACNUR y la Unión Europea. Después de todo, los terrenos a dónde fueron a vivir las y los refugiados se convirtieron en poblados mexicanos donde sus descendientes son agricultores y comerciantes.

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