La Junta Suprema Nacional Americana o Junta de Zitácuaro
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Raúl González Lezama

 

Después de la aprehensión de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Jiménez y otros importantes caudillos, ocurrida en Acatita de Baján y su posterior ejecución en Chihuahua, la lucha por la independencia de la Nueva España parecía haber llegado a un fin prematuro. Para evitar la extinción del movimiento, a instancias de Ignacio López Rayón, una asamblea de generales se reunió el 19 de agosto de 1811 en Zitácuaro. Su intención fue remediar la confusión y desorganización que reinaban en el movimiento insurgente, conducido por caudillos regionales que actuaban con bravura y tenacidad, pero de manera desvinculada.

     Para establecer un principio de gobierno, orden y dirección uniforme en la revolución, se acordó erigir una autoridad central, compuesta por tres vocales (con la promesa de ampliarla a cinco). Nació así la Junta Suprema Nacional Americana y su existencia fue dada a conocer por bando el 21 de octubre.

   Ernesto de la Torre Villar supone una influencia de la experiencia sudamericana, pues el nombre de la Junta, el número de sus integrantes y sus funciones la asemejan a la constituida en 1809 en Quito, denominada Suprema Junta Gubernativa del Reino de Quito, también en ese sentido, guarda similitud a la Junta Suprema de Caracas de 1810.

   Electos por votación, la Junta se integró por Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco y José María Liceaga. Correspondió a Rayón ocupar el cargo de presidente. Tiempo después, los tres vocales invitaron a José Ma. Morelos a participar en el órgano soberano en calidad de cuarto vocal. En ese momento, no se fijó ninguna duración temporal al cargo de vocal, pero siguiendo a los Elementos de Nuestra Constitución, obra de Rayón, se presume que sus miembros permanecerían en el cargo por cinco años, correspondiéndole al más antiguo ocupar la presidencia.

   El gobierno militar se distribuyó entre los cuatro vocales, que recibieron el grado de capitanes generales, dividiéndose entre ellos el territorio del país en sendas zonas geográficas, de acuerdo con los puntos cardinales.

   La Junta afirmó gobernar en nombre y representación de Fernando VII. Esta declaración fue una medida estratégica, como lo declaró Rayón en una comunicación con Morelos, en la que señala que el empleo de ese nombre había resultado de gran utilidad atrayendo a soldados realistas que se unieron a la insurgencia, así como tranquilizando la conciencia y eliminando los escrúpulos de muchos americanos vacilantes, a los cuales un temor reverencial les impedía abrazar una causa contraria a los derechos del rey de España.

   Fue una de sus prioridades de la Junta la creación de un aparato administrativo que cubriera las funciones básicas de gobierno, tales como la administración de justicia y el manejo de los recursos públicos. En la lectura de los ya citados Elementos de Nuestra Constitución, podemos encontrar los principios fundamentales en torno a los cuales se proponían construir un ensayo constitucional: la independencia, la libertad, la justicia y la felicidad.

   Antes de la creación de la Junta, la principal preocupación de los insurgentes en materia económica era el acopio de vituallas y dinero para satisfacer las necesidades inmediatas del ejército, actividad en la que con frecuencia se atropellaban los derechos de terceros. Gracias a la relativa estabilidad que proporcionaba una forma de gobierno, se pudo implementar un proyecto regular de acuñación de moneda y establecer los rudimentos de un sistema fiscal, nombrando comisiones con facultades administrativas y militares para la supervisión y verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias, como el pago de alcabalas, los derechos sobre el aguardiente y el pulque y el pago de los diezmos.

   Se pretendió someter a los caudillos insurgentes y evitar excesos como el saqueo y el pillaje; para lograrlo, se intentó establecer un sistema de aprovisionamiento y paga de las soldadas de la tropa y se llevó el primer registro formal de aquellos que participaban en el movimiento con alguna clase de mando. Los grados militares eran expedidos y avalados por la Junta, que los registraba, junto con los ascensos, en los libros de la Secretaría.

   Los fusilamientos del teniente coronel José Manuel de Céspedes y de otros, realizados en Zitácuaro, tuvieron la finalidad de administrar justicia, pero también como una forma de someter a la autoridad de la Junta a los jefes y caudillos remisos.

   López Rayón entró en contacto con varios jefes guerrilleros que operaban de manera autónoma en varias regiones. Algunos de ellos, como Pedro Osorno en Acatlán aceptaron y reconocieron a la Junta; muchos otros, sin embargo, la rechazaron e incluso trataron con desprecio; fue el caso de los Villagrán y de Albino García. Cuando Rayón en su calidad de presidente de la Junta quiso que le fuera otorgado el tratamiento de alteza, éstos le respondieron: “No conocemos más junta que la de dos ríos, ni más alteza que la de la punta de un cerro”. En cambio, Morelos, a pesar de tener una seria diferencia ideológica con Rayón respecto al empleo del nombre de Fernando VII, asumió el compromiso de reconocer la autoridad de la Junta en su territorio.

   Para propagar los principios de la insurgencia, se establecieron dos periódicos en los que se destacaron las plumas de López Rayón, de Andrés Quintana Roo, y algo más tarde la del doctor don José María Cos. En un principio, una prensa de madera dio a la luz el diario El Ilustrador Americano; más tarde, el apoyo otorgado por la sociedad secreta de “Los Guadalupes”, permitió contar con una auténtica imprenta que sirvió para plasmar en el papel gran cantidad de publicaciones entre las que destaca “El plan de paz y de guerra”, del doctor José María Cos.

   Por su parte, las autoridades virreinales percibieron el grave peligro que representaba la existencia de una asamblea, compuesta por americanos que pretendía ejercer el gobierno de la Nueva España y de que ésta fuera reconocida por los caudillos que en nombre de la independencia operaban en distintos puntos. Desde Guanajauto, Félix María Calleja, publicó una proclama donde declaraba que no existía más junta nacional que la reunida en cortes en el puerto de Cádiz, en la que se hallaba representada la Nueva España con diputados legalmente electos. En ese mismo documento, anunció que emprendería una campaña militar contra Zitácuaro y ofreció una recompensa de diez mil pesos a quien entregara vivo o muerto a Rayón o a cualquiera de los vocales miembros de la Junta.

   A pesar de ser una institución de muy corta duración, pues por unos cuantos días no alcanzó a cumplir dos años de edad, y de no haber logrado integrar bajo su mando a la totalidad de los revolucionarios novohispanos, la intención unificadora venció los obstáculos de la comunicación, trascendió los límites geográficos de la Nueva España y su existencia fue conocida en Sudamérica. Incluso Simón Bolívar hace una importante mención de la Junta Nacional Americana en su célebre Carta de Jamaica:

Los independientes de México, por lo que sabemos, dieron principio a su insurrección en septiembre de 1810, y un año después, ya tenían centralizado su gobierno en Zitácuaro, instalado allí una junta nacional bajo los auspicios de Fernando VII, en cuyo nombre se ejercían las funciones gubernativas. Por los acontecimientos de la guerra, esta junta se trasladó a diferentes lugares, y es verosímil que se haya conservado hasta estos últimos momentos, con las modificaciones que los sucesos hayan exigido. Se dice que ha creado un generalísimo o dictador que lo es el ilustre general Morelos; otros hablan del célebre general Rayón; lo cierto es que uno de estos dos grandes hombres o ambos separadamente ejercen la autoridad suprema en aquel país; y recientemente ha aparecido una constitución para el régimen del Estado.

 

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