Articulo de Apuntes

Apuntes sobre la "Ley ejecutiva del reparto de tierras"

Por Emma Paula Ruiz Ham - INEHRM
 

 

 

Los acontecimientos de febrero de 1913 ensombrecieron el escenario político de México y, en gran medida, fueron la punta de lanza que permitió la prolongación de la lucha revolucionaria iniciada tres años atrás.

   El desconocimiento del gobierno de Victoriano Huerta por parte de Venustiano Carranza, a la sazón gobernador de Coahuila, fue la reacción inmediata de mayor envergadura en el contexto de la caída del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Sin embargo, dicha noticia fue, de igual modo, el principal punto de partida del documento del que nos ocuparemos de manera sucinta en este espacio, a saber la “Ley ejecutiva del reparto de tierras acordada y mandada ejecutar por el general Alberto Carrera Torres, el 4 de marzo de 1913”.

   Constituida por 23 artículos —los últimos tres de carácter transitorio—, la ley en comento presenta, en primer lugar, una serie de denuncias, entre ellas las relativas a “la corrompida clase rica de Porfirio y Félix Díaz, Victoriano Huerta y sus partidadrios”, a la cual se considera causante de la opresión del pueblo. A continuación se hace referencia al valor universal de la libertad; advierte el general Carrera que también ésta se encontraba sometida al capricho de la “clase rica”. De ahí que, denuncie la necesidad urgente de conquistar una sociedad conformada por hombres libres, tal como lo exigía el inicio de un nuevo siglo: el XX.

   La “Ley ejecutiva” no sólo abarca el problema agrario, sino que además hace una denuncia de varios aspectos, tales como la estructura del ejército porfirista, la educación oficial, las deficiencias en las leyes y en la forma de gobernar el país y el establecimiento de la instrucción militar, entre otros.

   Asimismo, y en vista de que el poder político siempre se fortalece por la acción de medios como la prensa, en la ley se dicta expresamente la cancelación de “los periódicos enemigos de la actual Revolución”; incluso considera la posibilidad de pasar por las armas a aquellos periodistas que hubiesen calumniado, a través de notas falsas, “las operaciones militares constitucionalistas”.

   Tras describir en diez apartados (considerandos) los rubros fundamentales que dan origen a la ley, en el artículo 1 se desconoce tajantemente la figura de Victoriano Huerta como presidente del país y se acusa de “bandidos y asesinos [a] Porfirio y Félix Díaz, Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet, Rodolfo Reyes, [Francisco] León de la Barra, y [Jorge] Vera Estañol, [Alberto] García Granados, Iñigo Noriega, Creel Terrazas, [Teodoro] Dehesa y demás partidarios en general, por ser los enemigos más peligrosos para la felicidad y tranquilidad de la República”.

   Para dar atención al problema agrario se plantea diversas propuestas, entre ellas la organización de una junta encargada de dar seguimiento a los asuntos relacionados con la propiedad de la tierra. Se precisa que las haciendas de la clase política porfirista que cayeran en manos de los revolucionarios se repartirían “a cada familia en toda la Nación, entregándoseles en el acto Títulos Provisionales”. Por su parte, los artículos 12 y 20 destacan dos aspectos fundamentales, respectivamente: el impulso de la agricultura a través de la instalación de presas y pozos para el regadío de las tierras y, la restitución de los terrenos que hubiesen sido quitados arbitrariamente a sus dueños por las autoridades del antiguo régimen.

   La razón de ser de esta ley se inscibe en un contexto muy específico; sin embargo, cabe hacer algunas preguntas iniciales: ¿Qué trascendencia tuvo y de qué manera fue tomada por los constitucionalistas? ¿Quién era el general Alberto Carrera Torres?

   Originario de Atarjeas, municipio de Bustamante, Tamaulipas, Alberto Carrera Torres nació el 23 de abril de 1887. Creció en el seno de una familia sensible a los problemas y necesidades de la población de su entorno. Fue hijo de Candelario Carrera Muñoz y de Juana Torres. En Tula, Tamaulipas, realizó sus primeros estudios bajo la instrucción del profesor Manuel Villasana Ortiz, quien lo encaminó hacia la docencia.

   El interés por transmitir los elementos básicos de lectoescritura y otras nociones propias de una enseñanza elemental, y su decisión de formarse como abogado, corrieron de la mano de su preocupación por los más desvalidos, en el intento de reivindicar sus derechos.

   Se identificó con los principios del programa del Partido Liberal Mexicano. Fue perseguido y hecho prisionero en 1908 por sus críticas al gobierno de Porfirio Díaz. No obstante, a fines del mismo año consiguió su libertad. Poco después simpatizó con el movimiento encabezado por Francisco I. Madero, cuando fue candidato presidencial y en el momento en el que lanzó el Plan de San Luis.

   Tras la renuncia de Porfirio Díaz a la primera magistratura del país, Alberto Carrera se dedicó al activismo. Se levantó en armas contra Madero y secundó la causa zapatista a fines de 1912; no obstante, los sucesos ocurridos en febrero de 1913, que culminaron con la llegada del general Victoriano Huerta al poder, causaron su indignación y definieron, de nueva cuenta, su compromiso con la lucha revolucionaria que, para ese entonces, continuaría a cargo de la facción constitucionalista bajo las órdenes de Venustiano Carranza. Al respecto, señala Pedro Salmerón: “en noviembre de 1913, los carreristas quedarían integrados formalmente, aunque con un notable grado de autonomía, al Ejército del Noreste, en el que constituirían la 6ª división”.

   En octubre de 1914, dejó de pertenecer a las filas carrancistas, tras la designación de Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México. Desde ese momento hasta su muerte, siguió combatiendo en contra del carrancismo. A principios de 1916, Carrera se entregó a las autoridades. Después de un largo peregrinar de prisión en prisión en distintos lugares del país, finalmente un Consejo de Guerra lo condenó a pena de muerte, la cual tuvo lugar el 16 de febrero de 1917.

   Alberto Carrera Torres ha pasado a la historia de Tamaulipas como un héroe. Su compromiso por el mejoramiento de la sociedad mexicana fue más allá de una preocupación común hacia el prójimo. La participación que tuvo en el movimiento revolucionario se dio tanto en el campo de batalla, como a la hora en que elaboró y dio a conocer la “Ley ejecutiva del reparto de tierras”.

   En lo que se refiere a dicha ley, ciertos autores le otorgan un valor especial por encima de la promulgación del Plan de Guadalupe (26 de marzo de 1913), al destacar la fecha en que la ley se dio a conocer (4 de marzo de 1913) y, por otro lado, al observar en ésta una serie de aspectos sociales y no únicamente de carácter político. Por supuesto, se trata de documentos distintos, que si bien surgen en la misma coyuntura, proponen diferentes cuestiones.

   La “Ley Ejecutiva” no tuvo la importancia que merece un “proyecto nacional” como el que se refleja a la hora de conocer su contenido, porque en realidad no se aplicó; empero, en ella se puede analizar parte del pensamiento de su autor. No podemos dejar de reconocer, al igual que lo hace el abogado José Maldonado Martínez, en la obra titulada General Alberto Carrera Torres, que:

   Las reivindicaciones sociales que plantea, el lenguaje claro y radical para expresarlas y su lucha armada para conquistarlas, denotan una ideología avanzada para su época, un cabal conocimiento del país y su circunstancia, una clara vocación por la Justicia, nacida de su experiencia personal como postulante y testigo de la explotación de los humildes y una profunda convicción en la certeza de su causa, sustentada en una fuerte raigambre popular.

   En términos generales, la “Ley ejecutiva del reparto de tierras” del general Carrera, apuntala un grupo de problemas nacionales y ofrece alternativas de solución con miras al desarrollo de la sociedad. Hoy día, a cien años de haberse redactado, no podemos precisar los resultados que se hubiesen obtenido de haberse llevado a la práctica. Pero lo que sí está en nuestras manos hacer, es invitar al lector a acercarse a la historia de la Revolución Mexicana, para conocer y comprender a los hombres que nos antecedieron en el tiempo y que contribuyeron o trataron por diferentes vías, de construir un país mejor.

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